Desde el 9 de abril, cientos de indígenas de la Amazonía están en huelga indefinida, bloqueando rutas fluviales y carreteras, tomando bases petroleras, desfilando las lanzas y exigiendo que se deroguen un conjunto de 10 decretos legislativos que consideran perjudiciales para su bienestar y desarrollo en la selva.
Entre este set de normas, hay dos que podrían propiciar la desmesurada producción de biocombustibles en el Perú: el DL 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre -declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso, pero que aún no ha sido derogado por el Pleno-, y el DL 1064 que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario.
Desde comienzos de marzo de este año, un grupo de congresistas liderado por Gloria Ramos sostuvo que el DL 1064 no solo elimina la consulta a las comunidades campesinas y nativas para los proyectos de gas, petróleo y minería, sino que permitiría convertir tierras forestales en zonas eriazas con posterior utilización agraria por inversionistas de la industria de los biocombustibles.
El Ley Forestal no va del todo mal hasta la parte en que dice, "No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional" (art. 6), pues resulta que el gobierno de Papá Alan ha declarado "de interés nacional la instalación de plantaciones de piñón e higuerilla como alternativa para promover la producción de biocombustibles en la selva" (DECRETO SUPREMO N° 016-2008-AG).
El problema es que el etanol -hecho de caña de azúcar, soya o maíz- y el biodiésel -de caña brava, palma aceitera y piñón blanco- han caído en desgracia. Ahora se están transformando en los cucos del calentamiento global. Los últimos estudios científicos independientes indican que podrían incluso contaminar más que los combustibles fósiles.
Sin embargo, el gobierno peruano ha asumido como política de estado la promoción de los biocombustibles, particularmente en Piura y en la selva, sin haber realizado los estudios necesarios para determinar cuál sería el impacto real de su producción en el medio ambiente y en las comunidades locales.
En el 2007 salió una reglamentación para que en el 2009 se mezcle un 2% de biodiésel con diésel y un 7,8% de etanol con gasolina. Para el 2011, se ampliará la mezcla de biodiésel a 5% y el obierno peruano buscará para ese mismo año dividir su matriz energética en tres partes: petróleo (33%), gas (34%) y energías renovables (33%) (ver documental de Juan Luis Dammert, "Biocombustibles en el Perú: Elementos en juego", en-
http://www.youtube.com/watch?v=xaEuxEmPVIs).
Para cubrir las demandas del mercado interno para el 2010, solo se necesitan 24 millones de galones de etanol al año y cultivar 10,000 hectáreas en la costa. Sin embargo, solo una empresa -Maple- proyecta plantar esa cantidad de tierra y producir 35 millones galones de etanol anuales en Piura. Esto, sin contar la otra megainversión de etanol impulsada por el Grupo Romero en esa misma región.
Cuando Maple inició sus actividades etanolíferas, Alan García saludó el proyecto con gran pompa (no podía haber sido de otra forma tratándose de AGP) en Palacio de Gobierno, diciendo, "Antes la agricultura necesitaba energía, y ahora la agricultura produce energía".
Más allá de su retórica, la realidad es que desde el 2006 hasta mayo/junio del 2008, había más de 40 mil hectáreas anunciadas en la costa para la producción de etanol y en la selva, 120 mil. Para la producción de biodiésel en la Amazonía, 200 mil hectáreas (ver a Javier Coello, investigador del ITDG, en-
http://www.youtube.com/watch?v=AUKgFi_K-2w).
A todas luces, el interés en producir biodiésel y etanol no corresponde a las necesidades del mercado interno, sino a las demandas energéticas de EE.UU., Europa y Asia. Lo que es más, una de las condiciones que la delegación del Perú impuso para la firma del TLC con los Estados Unidos en diciembre del 2005 fue el acceso ilimitado de etanol a ese mercado.
Pero, ¿qué tan eficientes son los biocombustibles? Según el DS que declara de interés nacional promover el biodiésel de piñón e higuerilla, tal actividad sirve para "el desarrollo sostenible y socioeconómico del país y contribuir al manejo útil y beneficioso de los recursos suelo y agua, pues las ventajas resultantes como reemplazante progresivo de los combustibles fósiles son evidentes, produciéndose lo que se denomina aire limpio y su utilización es de primera prioridad conforme a los términos del protocolo de Kyoto".
Una de las críticas que han recaído sobre los biocombustibles es que inciden en el alza del precio de los alimentos. Hasta el Banco Mundial lo ha señalado, lo cual ya es bastante decir. A raíz del encarecimiento de la comida ha habido disturbios en más de 30 países.
Y el problema no han sido solo los precios atrofiados por el boom de los biocombustibles, sino el desplazamiento de la frontera agrícola y el uso intensivo del agua. A diferencia de lo que dice el decreto supremo, las ventajas de los biocombustibles no son evidentes. En la actualidad, no se sabe bien cuáles serían sus beneficios.
Dos artículos publicados en la revista Science el año pasado señalan que los biocombustibles son contraproducentes porque sus emisiones de carbono son altísimas si se calculan las que producen a través de todo su ciclo productivo: desde el tipo de tierra en la que se cultivan, su siembra, cosecha, luego producción (que muchas veces involucra el uso de combustibles fósiles), su transporte y desecho.
Uno de los estudios publicados en Science realizado por Timothy Searchinger, investigador de medio ambiente y economía de la Universidad de Princeton, dice que no importa si las plantas para los biocombustibles fueron cultivadas en tierras eriazas o si pertenecieron al bosque tropical porque directa o indirectamente nuevas tierras van a ser despejadas sea para cultivar alimentos o combustible.
Searchinger concluye: "Cuando se toma todo esto en consideración, casi todo el biocombustible que la gente está utilizando o pretende utilizar probablemente incremente la emisión de gases de efecto invernadero de forma substancial".
